Por la creación de una Convención Ciudadana sobre Vivienda en España

Apóyanos en la creación de una Convención Ciudadana de Vivienda que permita llegar a acuerdos en torno a las políticas públicas de vivienda a largo plazo 

En España la vivienda se perfila como uno de los asuntos prioritarios de la agenda política. Se trata de un tema central, de gran importancia para la ciudadanía, que necesitaría de un acuerdo amplio entre partidos políticos, acuerdo que parece difícilmente alcanzable. 

Por eso, se propone, al Ministerio de Vivienda y/o al Congreso de los Diputados, activar una Convención Ciudadana sobre Vivienda en España que permita generar un contexto para llegar a acuerdos en torno a las políticas públicas de vivienda a largo plazo. 

La Convención Ciudadana duraría unas 50 horas, sus miembros serían elegidos mediante un sorteo cívico entre la población española para conformar una muestra representativa del País, recibiría una información diversa y equilibrada sobre la pregunta que se le plantea, y formularía recomendaciones a la institución que la ponga en marcha. Esta misma institución se comprometería a responder por escrito y publicamente, en varios momentos, a cada una de las recomendaciones. 

Ayúdanos a mejorar la democracia mediante la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones de las políticas públicas.  

Cuatro personas expertas en Vivienda, Alejandro Inurrieta, Beatriz Toribio, Jaime Palomera y Sergio Nasarre, con diferentes posiciones políticas, han consensuado un dilema y unas preguntas que podrían ser el punto de partida de la Convención: 

“La Constitución española recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas. Sin embargo, esto está lejos de cumplirse, en todos los territorios y para todas las personas. 


Los motivos son muy diversos: la persistente crisis iniciada a nivel mundial en 2007, la inestabilidad y los bajos sueldos de nuestro sistema laboral, la desigual distribución de las oportunidades laborales en la geografía, los diferentes usos que se les da a las viviendas, la falta de vivienda construida y disponible, el importante déficit de vivienda social, vivienda asequible, el precio de la vivienda tanto en alquiler como en compra, entre otros muchos motivos.


Por otro lado, gran parte de la vivienda y del suelo son bienes privados, también amparados por la Constitución. El Estado debe garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas, a la vez que compatibilizarlo con los derechos de los propietarios de las mismas”. 


Las preguntas que se podrían plantear a la Convención Ciudadana son las siguientes: 


"Para garantizar los derechos constitucionales de todas las personas a la vivienda junto con el derecho a la propiedad, ¿qué políticas públicas y/o regulaciones deberían aplicarse?, en relación a (por orden de prioridad):